Pulso Público constató que, con base en presiones y amenazas, las pruebas poligráficas han sido aplicadas de manera forzosa (y no “voluntaria”) a empleados adscritos a otras direcciones administrativas, y que varios de ellos han dejado de laborar en la institución tras los exámenes, sin conocer los resultados.
Durante la gestión del magistrado José Luis Vargas Valdez como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), funcionarios de áreas administrativas y de seguridad han sido sometidos a pruebas de polígrafo, un tipo de examen que supuestamente permite detectar mentiras y cuyo uso institucional ha sido cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pulso Público accedió a una solicitud de información que confirma que el Tribunal Electoral contrató este año a la empresa Grupo Alternativo en Confianza S.C. para aplicar las pruebas a los funcionarios.
Aunque el propio TEPJF aseguró que el polígrafo se aplica exclusivamente a trabajadores de la dirección de Protección Institucional con fines de evaluación, testimonios recabados dan cuenta de que hubo empleados puntualmente seleccionados para ser sometidos a los exámenes, especialmente cuando ha habido fugas de información de áreas administrativas. Este medio contactó a un extrabajador del TEPJF que laboró más de una década en una dirección administrativa de la Sala Superior y fue removido en mayo tras la realización de la prueba, de la que él nunca conoció el resultado.
“Yo nunca había visto que se aplicara la prueba del polígrafo al personal administrativo, jamás; no sé si sea alguna justificación para que nos pidan la renuncia y dejarnos sin empleo”, señala el extrabajador, quien pidió que se reservara su identidad por temor a que su denuncia obstaculice su búsqueda de un nuevo empleo.
“La parte delicada es que de un día a otro te quedas sin trabajo, te vas sin ninguna liquidación, y en esta situación en la que se encuentra el país, de COVID, de desempleo, de crisis, nos dejan vulnerables a muchas personas. Me afectó mucho, estoy buscando trabajo y no lo encuentro, yo tengo a cargo una familia que sostener; desde mayo no cobro, estoy en una situación difícil”.
En la solicitud de información 0310000015621, el TEPJF refirió que el contrato con Grupo Alternativo en Confianza S.C. está vigente desde abril de este año y hasta el 31 de diciembre; el importe del contrato es de mínimo 41 mil 760 pesos y máximo 194 mil 880 pesos. El costo unitario de cada prueba es de 2 mil 400 pesos.
Este medio envió una solicitud de réplica al Tribunal Electoral para conocer por qué se decidió implementar este tipo de examen en la institución, cuál es el criterio para enviar a un trabajador a la prueba y si el resultado es decisivo para que conserven su empleo.
En su respuesta, el órgano jurisdiccional precisó que, hasta el pasado 26 de julio, 13 funcionarios adscritos a la Dirección de Protección Institucional han sido sometidos al examen de polígrafo “de manera voluntaria y con pleno respeto a sus derechos humanos”.
Defendió que dicha dirección está encargada de garantizar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y vigilancia para la custodia y salvaguarda del personal y de los bienes de la institución, conforme el Reglamento interno del TEPJF.
El tribunal aseguró que esa área puede implementar “cualquier mecanismo” de control de confianza de los trabajadores adscritos a ella; agregó que no existe un criterio para enviar a un funcionario al examen, y que el resultado del mismo no condiciona la permanencia en el puesto de trabajo.
“En términos de las disposiciones transcritas, el instrumento de evaluación que señala lo implementó la Dirección General de Protección Institucional, en el marco y ejercicio de sus atribuciones, para que su personal cuente con óptimos niveles de confiabilidad. En el entendido que la normativa aplicable no prevé algún criterio para enviar a los trabajadores a las pruebas, ni establece que el resultado sea decisivo para conservar el empleo”, informó el TEPJF.
Sin embargo, Pulso Público constató que, con base en presiones y amenazas, las pruebas poligráficas han sido aplicadas de manera forzosa —y no “voluntaria”— a empleados adscritos a otras direcciones administrativas (no solo a la de Protección Institucional), y que varios de ellos han dejado de laborar en la institución tras los exámenes, sin haber tenido la oportunidad de conocer los resultados de las pruebas.
“Me preguntaron si en mi familia había delincuentes”
El magistrado Vargas Valdez, quien fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 2007 a 2010, ha reforzado las medidas de seguridad y vigilancia en el Tribunal Electoral desde que asumió como presidente de la Sala Superior.
De hecho, el ahora director de Protección Institucional, Otoniel López Treviño, trabajó también varios años en el Cisen. Fue designado director de dicha área durante la presidencia de Felipe Fuentes y por recomendación del propio Vargas, de acuerdo con fuentes de la Sala Superior.